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La ética con un año de delay.

El pasado miércoles, durante la sesión especial en la que el Concejo Deliberante trató la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2025, el bloque opositor dejó asentadas en su dictamen una serie de observaciones vinculadas a desprolijidades contables, inconsistencias administrativas y posibles irregularidades que merecerían bastante más que una mención protocolar en un expediente.

Entre ellas, apareció una observación que tiene algo de hallazgo tardío y bastante de déjà vu.

La oposición advirtió —con cita textual de la Ley Nacional de Ética Pública N.º 25.188— que dentro del listado de proveedores municipales persisten incompatibilidades expresamente prohibidas por la normativa vigente. Más concretamente, recordó que ningún funcionario puede, simultáneamente, ejercer responsabilidades dentro del Estado y actuar como proveedor del mismo organismo donde presta funciones.

La observación, jurídicamente correcta, tiene sin embargo un detalle curioso: llega con, al menos, un año de demora.

Porque ese mismo punto ya había sido expuesto públicamente hace exactamente un año, (https://noticiasdeacaydealla.click/columnas%20PHP/29-05-25-P.Fisherman.php?id=1 - segundo párrafo), cuando se analizó la rendición anterior. No como una sospecha abstracta, ni como una lectura técnica reservada a especialistas, sino con nombre, apellido y función específica.

El funcionario en cuestión no sería otro que el Secretario de Salud, González Estevarena, quien además de percibir haberes por el ejercicio de su cargo, factura al propio Municipio por guardias realizadas en distintos sectores del Hospital Municipal. No parece una zona particularmente gris.

La propia ley que ahora cita la oposición establece con claridad que resulta incompatible “ser proveedor, por sí o por terceros, de todo organismo del Estado donde se desempeñen funciones”. No hace falta demasiada gimnasia interpretativa.

Lo verdaderamente llamativo no es sólo que la situación persista. Lo llamativo es la naturalidad con la que parece convivirse con ella.

Porque si el oficialismo ya fue advertido sobre esta incompatibilidad y decidió sostenerla, hay una responsabilidad política evidente.

Pero si la oposición considera que existe una vulneración concreta de la Ley de Ética Pública, entonces la pregunta inevitable ya no apunta al Ejecutivo. Apunta hacia sus propias bancas.

Porque denunciar una irregularidad en un dictamen puede resultar prolijo, incluso elegante desde lo institucional. Lo que falta saber es si esa prolijidad tendrá alguna consecuencia concreta.

La legislación prevé sanciones que van desde nulidades administrativas hasta eventuales responsabilidades penales por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. No se trata, entonces, de una observación menor para engrosar un expediente.

Se trata de un hecho que, de ser sostenido con la convicción que el dictamen aparenta, debería derivar en presentaciones formales, pedidos de investigación y exigencias concretas de regularización. De lo contrario, la denuncia corre el riesgo de convertirse en una mera rutina legislativa.

Una especie de copy-paste institucional que se repite cada año, se lee en sesión, se archiva prolijamente… y espera pacientemente a volver a ser citado doce meses después. Como si la ética pública también pudiera rendirse por ejercicio contable.

 Cuando el superávit también se financia con plata ajena

Si el primer punto expone una llamativa tolerancia institucional frente a incompatibilidades que rozan lo prohibido por la Ley de Ética Pública, el segundo apartado de la rendición abre interrogantes todavía más delicados.

Al analizar la ejecución presupuestaria 2025, el propio dictamen opositor señala una observación que merecería mucho más que una mención técnica perdida entre decenas de fojas: Según surge del archivo de Ejecución Extrapresupuestaria —es decir, de aquellos fondos que el Municipio administra pero que no constituyen recursos propios operativos, como retenciones salariales, aportes y convenios específicos— existe un excedente global de $212.956.000,07 entre lo percibido y lo devengado.

La pregunta es inevitable: ¿dónde está ese dinero?. Y, más aún, ¿qué destino financiero se le está dando mientras permanece bajo administración municipal?

Pero el dato adquiere una gravedad mayor cuando se desciende al detalle.

En concepto de aportes al IPS, el Municipio retuvo a los trabajadores $1.754.038.627,63, mientras que sólo aparecen devengados $1.643.385.792,98. La diferencia asciende a $110.652.834,65. Con IOMA ocurre algo similar: figura un remanente de $39.166.115,01.

Traducido al castellano simple: hablamos de casi ciento cincuenta millones de pesos descontados de los salarios de los trabajadores municipales, correspondientes a aportes jubilatorios y de obra social, que según la propia documentación oficial no habrían sido transferidos aún a sus destinatarios finales.

Naturalmente, uno podría suponer que esos fondos permanecen transitoriamente inmovilizados por cuestiones administrativas. También podría suponer —y aquí el terreno empieza a volverse incómodo— que ese dinero integra alguno de los instrumentos financieros que permiten seguir exhibiendo la tan publicitada bandera del superávit municipal.

Porque claro: resulta bastante más sencillo mostrar cuentas ordenadas cuando parte del orden se sostiene administrando temporalmente recursos ajenos.

Lo verdaderamente curioso —o quizás ya no tanto— es el silencio.

A más de una semana de expuestos estos números, no se escuchó a ningún referente sindical exigir explicaciones públicas sobre el destino de recursos retenidos a sus propios afiliados. Tal vez sea ingenuo esperar semejante reacción. A la luz de lo ocurrido días atrás, acaso tampoco deba extrañar demasiado semejante mutismo.

Los mismos dirigentes que hoy guardan prudente silencio ante cifras que comprometen recursos descontados a sus afiliados fueron los que, hace apenas unos días, se deshicieron en aplausos porque el futuro barrio municipal llevará el nombre de su organización.

Parece que, para algunos, cuando se trata de representación sindical, una chapa en la entrada del barrio cotiza bastante más que exigir explicaciones por la plata de los trabajadores.

 En definitiva, lo que dejó la rendición 2025 no fueron certezas contables, sino certezas políticas.

La certeza de que aquí las incompatibilidades no escandalizan.
La certeza de que retener recursos ajenos tampoco genera demasiada alarma.
La certeza de que la oposición parece limitarse a redactar observaciones que se repiten año tras año como un triste ejercicio de “copiar y pegar”.
Y la certeza, quizás más deprimente, de que algunos dirigentes sindicales han terminado por cambiar el reclamo por la ovación.

Después vendrán los posteos celebrando prolijidad, eficiencia y transparencia. Y probablemente no falten los aplausos.

Porque en esta versión doméstica del país que supimos conseguir, ya ni siquiera hace falta resolver las irregularidades: alcanza con iluminarlas bien, ponerles un filtro amable, redactar una gacetilla correcta… y confiar en que, una vez más, casi nadie haga preguntas.

Por ahora, alcanza con esto.

La documentación pendiente seguramente traerá nuevos datos, nuevas preguntas y acaso algunas respuestas que hoy todavía prefieren permanecer cuidadosamente archivadas.

...Continuará, aunque a más de uno no le entusiasme la idea...